- El importante aumento de la demanda es recogido en el nuevo contrato de la empresa adjudicataria, que prestará el servicio durante los próximos cuatro años. El Ayuntamiento aporta la cantidad de 815.534,00 €. Además se incluye la necesidad de disminuir la lista de espera existente.
- Las causas del aumento de la demanda del servicio son múltiples, entre ellas que Fuerteventura solo cuenta con una residencia para personas con una alta dependencia de 60 personas, no existiendo oferta privada en este sentido.
- En la firma del convenio participaban por parte de la Institución, el Alcalde de Puerto del Rosario, Nicolás Gutiérrez, y los Concejales de Contratación y Servicios Sociales, Alejo Soler y Selena Cabrera, respectivamente. Por parte de la empresa concesionaria, suscribía el documento, su representante, Francisco Lázaro. Los también concejales Carlos Rodriguez y Juan Nicolás Cabrera, asistían a este acto administrativo en los salones municipales.
La
Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Puerto del
Rosario, que dirige Selena Cabrera, informa que en el día de hoy ,
miércoles, 19 de octubre, se formalizaba con la Empresa CLECE un
nuevo contrato de prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio para
los próximos 4 años.
El Servicio de
Ayuda a Domicilio es una prestación básica del Sistema Público de
Servicios Sociales Comunitarios, de carácter complementario y
transitorio, realizada preferentemente, en el domicilio personal o
familiar de la persona usuaria, que proporciona, mediante personal
cualificado y supervisado, una serie de atenciones preventivas,
educativas, asistenciales y rehabilitadoras a personas y familias con
dificultades para permanecer en su medio habitual
Su
finalidad última es la de promover, mantener o, en su caso,
restablecer la autonomía personal de la persona y/o familia, con el
fin de facilitarle la permanencia en su medio habitual de vida,
evitando así situaciones de desarraigo y desintegración social.
Tal
como se establece la vigente Ley 9/87, de 28 de abril, de Servicios
Sociales de Canarias, esta prestación básica comunitaria es de
competencia municipal.
Este
servicio se presta desde el año 1.989 en este municipio y a partir
del 28 de junio de 2.004 se rige por la Ordenanza Reguladora del
Servicio de Ayuda a Domicilio, fecha en que fue aprobada por el
Ayuntamiento de Puerto del Rosario, en consonancia con lo preceptuado
en el Decreto 5/1999 de 21 de enero por el que se regula la
Prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio en el ámbito de la
Comunidad Autónoma Canaria.
Desde
ese año y hasta el 1 de agosto de 2012 el servicio se realiza por
gestión directa, con personal propio del Ayuntamiento, y a partir de
esta fecha se externaliza el mismo con la formalización del contrato
para su prestación con la empresa CLECE S.A., después del
correspondiente procedimiento de licitación, porque con los recursos
humanos propios no se podía atender la demanda.
La demanda del servicio, por esto, es
más intensa porque:
- Disminuye la capacidad de la familia para atenderles, en unos casos por la necesidad, principalmente de las mujeres, cuidadoras principales de sus familiares, de incorporarse al mercado laboral, en un contexto de crisis económica, en empleos precarios con muchas horas de dedicación.
- Aumento de las personas mayores, entre 65 y 79 años, que suelen ejercer como cuidadores/as, cónyuges, hijas/os y hermanas/os, principalmente que se ven obligadas/os a cuidar de su familiar. En la mayoría de los casos, también con problemas de salud.
- Reducción del tamaño de las familias, que no permite alternarse en el cuidado de su familiar.
- Aumento de domicilios en los que ambos miembros de la pareja precisan apoyo para vivir de forma independiente.
- Existencia de personas solas, sin redes familiares o sociales con las que puedan contar para su atención.
- Insuficiencia de plazas residenciales. Fuerteventura cuenta sólo con 60 plazas de residencia para mayores de carácter público, no existiendo ninguna en la iniciativa privada. Para una población de 110.000 habitantes tiene la ratio más baja de toda la Comunidad Autónoma.
- Reducción drástica de la duración de las estancias en el hospital, así como la limitación de los cuidados sanitarios en el domicilio.
- Aumento de personas con discapacidades derivadas de enfermedad mental, discapacidades intelectuales y con problemas de salud que necesitan tener garantizados unos recursos (no mínimos, sino suficientes y dignos) de atención sociosanitaria.
- Limitación y lentitud de resolución del Sistema de Atención a la Dependencia en la prestación del derecho al Servicio de Ayuda a Domicilio.
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